Intendentes a la espera de qué se hará de saneamiento mientras gobierno analiza plan de Lacalle Pou
El jefe comunal de Durazno contó que en Carlos Reyles los pozos negros están desbordados y, como los precios de las barométricas rondan los $ 7.000, las personas vuelcan las aguas servidas a las cunetas.
Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se anunció la implementación de un programa para cambiar la realidad en 61 localidades del interior, al mismo tiempo que se repitió varias veces que la mitad de la población que no vive en Montevideo carece de cobertura de saneamiento. Luego, con la llegada de la administración liderada por Yamandú Orsi, las nuevas autoridades de OSE evalúan qué inversiones realizar, algo que se prevé será anunciado durante noviembre.
Esta situación inquieta a los intendentes departamentales que aguardan expectantes para saber si las inversiones en sus localidades se ejecutarán.
Los jefes comunales relataron que existen problemas para el manejo de las aguas servidas en zonas de sus departamentos. En Durazno plantean una situación “crítica” en Carlos Reyles, en Rocha advierten sobre la falta de saneamiento en su costa —la que recibe miles de turistas—, en Cerro Largo marcan que son “horrorosas” las “canaletas a cielo abierto”, y en Flores quieren saber qué sucederá con Ismael Cortinas, una de las localidades incluidas en el plan anterior.
En particular, los intendentes pretenden conocer cuál será el criterio del plan nacional del gobierno para así luego elaborar su propio presupuesto departamental —como la contratación de barométricas— y su programa de obras.
En el último Congreso de Intendentes el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se comprometió a que el gobierno informará en noviembre qué obras se ejecutarán —según dijo el jerarca a El País— una vez que se culmine el “proceso de análisis de los aspectos técnicos y financieros que el nuevo gobierno debía realizar sobre el proyecto”. Pero ya se adelantó la “voluntad de avanzar significativamente como se realizó”, continuó el ministro, en otras “gestiones anteriores de su partido”.
"De un promedio de US$ 6 millones de inversión anual en saneamiento que tuvo el país desde la reapertura democrática hasta 2004, se pasó a US$ 36 millones anual en los gobiernos del Frente Amplio, lo que supuso un cambio radical ascendente de la inversión en saneamiento que se mantuvo y estamos convencidos que debe mantenerse a futuro, a pesar de cómo se encontró OSE y la situación financiera crítica de la empresa", sostuvo Ortuño.
El intendente de Durazno, Felipe Algorta, hizo hincapié en la situación que se vive en Carlos Reyles. Allí los pozos negros están desbordados y los precios de los servicios de barométricas rondan los $ 7.000 —“financieramente no es viable”, apuntó— porque deben regresar a la ciudad de Durazno a hacer las descargas. Antes se hacía en el campo pero se debió frenar porque no lo autoriza el Ministerio de Ambiente, pero se le pide que “ayude a resolver el problema”.
La alternativa que utilizan las personas —así como la escuela y el liceo— es verter las aguas servidas a las cunetas “porque no tiene otra”, añadió el intendente a El País.
La situación es “crítica” y el directorio de OSE —con el que se reunió el martes— se “comprometió a analizar” si se puede utilizar una pileta de decantación de Mevir que se instaló en el marco de la planta de UPM, la que podría soportar unas 400 viviendas más. Esa es una opción, la otra sería descargar las barométricas en alguna zona más cercana para que sea más viable el costo del servicio, continuó el intendente.
Más allá de Carlos Reyles, Algorta explicó que en casi todas las localidades tienen solicitudes de saneamiento.
Para el intendente es un asunto “sensible e importante”, al mismo tiempo que apuntó que “falta otra energía de parte de OSE”, aunque no critica “puntualmente a este gobierno”. “Entendemos que tienen restricciones presupuestales importantes pero nos parece que esto es más importante que destinar el dinero previsto para la represa Casupá, que toma del mismo afluente, el Santa Lucía, de la que ya existe. Ahí hay un tema más de definición política”, indicó.
En su opinión, el Ministerio de Ambiente es un “organismo más de impedir que de solucionar”. “Supongamos que mañana se dice que en tres años se da una solución a Carlos Reyles. ¿Mientras? No hay respuestas concretas a problemas concretos. La gente necesita la solución inmediata. El olor a pozo negro, a materia, es todo los días. Se necesitan organismos más ágiles”, añadió.
Desde Cerro Largo, el intendente Christian Morel recordó a El País que el plan del gobierno anterior incluía la promesa de obras en Río Branco (40% de saneamiento) y Fraile Muerto (45% de saneamiento). Pero no han “visto movimiento” y están a la espera de que las autoridades del gobierno del Frente Amplio envié el “listado con cada uno de los pueblos”.
El departamento enfrenta otro problema: Melo, donde el porcentaje —indicó Morel— “no supera el 55%”. La situación es “difícil de enfrentar” porque las “canaletas a cielo abierto” —a las que las personas derivan los desechos del pozo negro de su vivienda— son “horrorosas”, dijo.
Desde Flores, el intendente Diego Irazabal —quien también se reunió con autoridades de OSE el martes, entre las que estuvo su presidente, Pablo Ferrari— destacó a El País que la capital del departamento no tiene mayores problemas ya que tiene una cobertura de alrededor del 97%.
No obstante, sí participó del encuentro el alcalde de Ismael Cortinas, Agustín Musa, porque la “mayoría del pueblo no tiene saneamiento” y las barométricas precisan ir hasta Cardona, a unos 30 kilómetros. Esta era una de las localidades previstas en el plan de saneamiento del gobierno de Lacalle Pou.
Irazabal, a su vez, transmitió a Ferrari su preocupación por las obras de saneamiento que se deberán hacer en la construcción del liceo N° 3 en la ciudad de Trinidad, para lo que se precisaría medio millón de dólares. Otro asunto pendiente con OSE es una deuda que tiene con la intendencia por unos $ 11 millones por arreglos que hace la comuna, por ejemplo, en pavimento ante la rotura de un caño.
Ni un metro en toda su costa
El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, criticó en el Congreso de Intendentes —ante la presencia de Ortuño— que se “sacara” a La Paloma del plan de saneamiento nacional. Esa preocupación ya se la había transmitido a Ferrari —según indicó— porque recibe turismo de “buena parte de los uruguayos y muchísimos extranjeros”.
En esa instancia, indicó: “Rocha no tiene un metro de saneamiento en toda su costa, en casi 200 kilómetros, y haber quitado del proyecto al balneario La Paloma realmente nos parece que no es una buena señal ni turística ni ambiental. Obviamente sería bueno que el Ministerio (de Ambiente) nos diera una mano, que en primera mano debo reconocerlo, ya hablamos con Ferreri. Nos dijo que entraba de evaluación, pero bueno, en estas cosas como siempre digo, si trabajamos conjuntamente hacemos un poco más de esfuerzo”.