Gobierno investiga posible exploración sísmica ilegal de buque noruego
Autoridades analizan si el buque SW Empress realizó prospecciones sísmicas sin autorización en la plataforma uruguaya.El gobierno uruguayo investiga si el buque de bandera noruega SW Empress realizó exploraciones sísmicas sin autorización en la plataforma continental del país, en un caso que generó preocupación a nivel oficial y una fuerte reacción de la Intergremial Marítima.
El SW Empress es un buque de investigación y prospección sísmica construido en 2015, con 112,6 metros de eslora y 25,8 metros de manga. Recientemente había finalizado una campaña de adquisición sísmica 3D en la cuenca de Pelotas, en Brasil, junto a Shearwater y Searcher.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, confirmó que se está a la espera de un relevamiento de la Armada Nacional para determinar si la embarcación operó dentro de la jurisdicción uruguaya o en aguas internacionales. La diferencia es clave: en el primer caso, la actividad sería considerada una infracción pasible de sanciones.
“Se había planteado que lo hiciera fuera de la jurisdicción uruguaya. Estamos chequeando el relevamiento del curso de acción para ver si actuó dentro de la jurisdicción nacional. En ese caso lo habría hecho sin permiso y será pasible de sanciones. Si fue fuera, no habría problemas”, explicó el jerarca en declaraciones al programa Arriba Gente de Canal 10.
Ortuño subrayó que el gobierno mantiene una postura estricta en materia ambiental. “Hemos sido muy firmes en establecer condiciones más exigentes para la protección ambiental y medidas precautorias en protección de la fauna marina”, afirmó. Además, insistió en que, de comprobarse la falta de autorizaciones, se aplicarán las sanciones correspondientes.
El episodio tomó mayor dimensión pública tras la difusión de versiones de prensa sobre el ingreso del buque al Puerto de Montevideo y la realización de tareas de prospección sísmica vinculadas a la exploración de hidrocarburos en el lecho marino.
En paralelo, la Intergremial Marítima del Uruguay emitió una declaración pública urgente en la que expresó su “preocupación” por la presunta falta de controles y reclamó una investigación inmediata para determinar responsabilidades.
Según el comunicado, la actividad del buque formaría parte de un proyecto de la empresa Searcher. La organización sindical cuestionó que la compañía no habría solicitado autorización bajo el argumento de que Uruguay no habría ratificado la extensión de su plataforma continental definida por Naciones Unidas.
Desde la intergremial se señaló que esta situación evidencia “falta de controles eficientes” y se advirtió sobre el riesgo de que episodios similares se repitan si no se clarifican los procedimientos y competencias.
“El reclamo es que se informe públicamente si efectivamente el barco realizó prospecciones en Uruguay y en qué calidad ingresó a nuestro país”, plantea el documento. Asimismo, se solicita la intervención de organismos como el Ministerio de Defensa —a través de la Prefectura Nacional Naval— y el Ministerio de Ambiente.
El comunicado también vincula este episodio con una serie de reivindicaciones históricas del sector marítimo, entre ellas el rechazo a los llamados “waivers” —permisos especiales que habilitan la operativa de buques extranjeros—, la defensa del empleo nacional y el desarrollo de la marina mercante.
En ese marco, la intergremial convocó a una movilización para el próximo 29 de abril, en señal de protesta por lo que considera una política insuficiente de control y regulación en el ámbito marítimo.
El trasfondo del caso remite a una discusión jurídica y geopolítica de larga data sobre la extensión de la plataforma continental uruguaya. En 2016, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas avaló la propuesta presentada por Uruguay, que extendió sus derechos sobre el lecho marino más allá de las 200 millas náuticas, hasta cerca de las 350.
Esta ampliación implicó la incorporación de unos 83.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, sobre los cuales el país tiene derechos exclusivos para la exploración y explotación de recursos naturales, incluyendo hidrocarburos.
Fuentes de Cancillería señalaron que la posición uruguaya en este tema se mantiene firme desde entonces. “La plataforma se extiende más allá de las 200 millas y hasta las 350. No ha cambiado en todos estos años”, indicaron. El incidente parece considerado por la compañía y el sector como un tema menor o una diferencia interpretativa sobre los límites de la plataforma continental.
La eventual realización de estudios sísmicos en esa zona sin autorización podría, por tanto, constituir una vulneración de esos derechos soberanos, además de plantear interrogantes en materia ambiental.
Las prospecciones sísmicas son utilizadas habitualmente en la industria petrolera para detectar posibles yacimientos bajo el fondo marino. Sin embargo, este tipo de actividad también ha sido cuestionado por su impacto en la fauna marina, especialmente en especies sensibles al ruido submarino. Por este motivo, el Ministerio de Ambiente ha venido reforzando en los últimos años los requisitos y evaluaciones para este tipo de operaciones, en línea con estándares internacionales de protección ambiental.