Opinión | Escribe Sebastián Sabini
Decisión estratégica para garantizar derecho al agua: Casupá y Aguas Corrientes
La represa no es solo una obra de infraestructura. Es una definición política, con fundamento técnico.En Uruguay, el acceso al agua potable no es simplemente un servicio, es un derecho consagrado constitucionalmente y una responsabilidad indelegable del Estado. La crisis hídrica reciente no fue solamente un episodio climático excepcional. Fue, sobre todo, una señal de advertencia.
Un sistema que durante décadas funcionó con relativa estabilidad mostró sus límites frente a una sequía prolongada. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego no es un indicador técnico, es la vida cotidiana de más de un millón y medio de personas. En ese contexto, la construcción de la represa de Casupá no es una obra más. Es, ante todo, una decisión estratégica.
El 23 de enero de 2025, el gobierno de coalición y su presidente, Luis Lacalle Pou, decidieron firmar el contrato para la realización del Proyecto Neptuno-Arazatí. En el proceso de transición, el Frente Amplio expresó su oposición. De todas maneras, firmaron el contrato, a poco más de un mes de terminar su mandato. Se negaron a escuchar, incluso a sus propios jerarcas. En julio de 2020, el entonces presidente de OSE, el Ingeniero Raúl Montero afirmó que: “Tenemos la obligación de pensar en Casupá porque la falta de reserva de agua es preocupante”. Descartar la opción de Casupá fue una decisión política no técnica.
Nuestro gobierno asumió la responsabilidad de renegociar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo lo que permitirá la puesta en marcha de un conjunto de obras, que posibilitará, al final del quinquenio, garantizar el derecho al agua potable en las próximas décadas.
El proyecto de la represa de Casupá se inscribe en la cuenca del río Santa Lucía, principal fuente de agua potable para Montevideo y su zona metropolitana. Se trata de una infraestructura de gran porte que permitirá almacenar aproximadamente 118 millones de metros cúbicos de agua dulce, prácticamente el doble de la capacidad actual de Paso Severino. Esta magnitud no es un dato técnico menor, es la diferencia entre un sistema que resiste una sequía y otro que colapsa.
El objetivo central de la obra es asegurar el abastecimiento de agua potable a aproximadamente un millón setecientas mil personas, fortaleciendo la capacidad de regulación del sistema frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos. En otras palabras, Casupá no solo amplía la disponibilidad de agua, sino que permite gestionarla mejor en situaciones críticas.
Desde el punto de vista técnico, la represa introduce un elemento clave, la capacidad de almacenamiento de agua dulce en origen. A diferencia de soluciones alternativas, basadas en la captación y potabilización de agua del Río de la Plata, Casupá apuesta por reforzar la reserva de agua bruta de buena calidad en la propia cuenca histórica de abastecimiento. Esto tiene implicancias directas en términos de costos de tratamiento, estabilidad del sistema y calidad del agua.
Diversos estudios técnicos, incluyendo consultorías financiadas por organismos internacionales, han sido claros en este punto. Un informe elaborado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo concluyó que la represa de Casupá constituye una solución más robusta y confiable que la alternativa de Arazatí para enfrentar escenarios de sequía extrema. La razón es sencilla, la capacidad de regulación y almacenamiento es significativamente mayor, lo que permite sostener el suministro incluso en condiciones adversas.
Mientras Casupá se basa en el fortalecimiento de una fuente de agua dulce existente, Neptuno proponía la instalación de una planta potabilizadora en Arazatí, tomando agua del Río de la Plata. Esta diferencia de enfoque no es meramente técnica: expresa dos modelos de gestión del recurso.
El proyecto Neptuno fue presentado como una solución innovadora, pero acumuló cuestionamientos desde distintos ángulos. En primer lugar, desde el punto de vista ambiental y de calidad del agua, la captación en el Río de la Plata enfrenta desafíos importantes, como la variabilidad en la salinidad, la presencia de cianobacterias y otros contaminantes. Estos factores obligan a tratamientos más complejos y costosos, y generan incertidumbre sobre la estabilidad del suministro en determinadas condiciones.
En segundo lugar, Neptuno implicaba un esquema de participación privada en la construcción y operación de la planta, lo que abrió un debate jurídico y político en torno al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que establece la gestión pública del agua potable. Este aspecto no es menor en un país donde el acceso al agua fue reafirmado por la ciudadanía como un derecho humano y un bien público.
En contraste, Casupá se inscribe plenamente en la tradición de gestión pública del agua en Uruguay. La obra es impulsada por OSE, con financiamiento internacional, pero bajo control estatal, reforzando el rol de la empresa pública como garante del derecho al agua. Este punto tiene una dimensión política clara, no se trata solo de cómo se obtiene el agua, sino de quién la gestiona y bajo qué principios.
En definitiva, la represa de Casupá no es solo una obra de infraestructura. Es una definición política, con fundamento técnico sobre cómo Uruguay quiere garantizar un derecho básico en el siglo XXI. En un contexto de cambio climático, crecimiento de la demanda y presión sobre los recursos naturales, asegurar agua potable de calidad no es un lujo ni una opción, es una obligación.
Aguas Corrientes y más
A comienzos del mes de marzo se firmó el acuerdo entre OSE y el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, además de un conjunto de obras estratégicas destinadas a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.
Se trata de una inversión de gran relevancia para el país, que permitirá ampliar la capacidad de producción y mejorar la seguridad del sistema de suministro de agua que abastece a cientos de miles de uruguayos, particularmente en la zona metropolitana. En un contexto marcado por los desafíos climáticos y por la creciente presión sobre los recursos hídricos, esta decisión representa un paso fundamental para asegurar el acceso al agua potable en el largo plazo.
El acuerdo establece la construcción de una nueva planta potabilizadora que complementará la infraestructura existente en Aguas Corrientes, uno de los principales centros de producción de agua potable del país. La obra permitirá aumentar la capacidad de tratamiento, incorporar tecnología de última generación y mejorar el abastecimiento del sistema frente a situaciones de sequía.
Pero el proyecto no se limita únicamente a la nueva planta. El acuerdo también prevé la realización de diversas obras de infraestructura asociadas, orientadas a modernizar y fortalecer el sistema de captación, tratamiento y distribución de agua potable en el área metropolitana. Estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia destinada a garantizar un servicio público esencial con estándares cada vez más altos de calidad y seguridad.
Está previsto que en mayo la empresa constructora comience a instalarse para iniciar las obras a mediados de año. Estos plazos permiten cumplir con el otorgamiento de los permisos ambientales de rigor. La empresa estima que en 36 meses la infraestructura estará lista para comenzar a funcionar.
La construcción generará quinientos puestos de trabajo directos y un número similar de empleos indirectos, a lo que deben sumarse cerca de un centenar de operarios que estarán a cargo del mantenimiento y control del funcionamiento una vez que entre en operación.
La planta potabilizadora generará 200 mil metros cúbicos de agua potable por día, adicionales a los 700 mil que produce en la actualidad. Para esto se estableció la construcción de un sistema de captación de agua bruta, que incluye la toma de agua y la estación de bombeo. Entre otros elementos, la obra implica la colocación de la cañería que conducirá el agua hacia Montevideo, Canelones y, específicamente, la costa canaria.
Se trata de una obra que resuelve problemas de abastecimiento con una planta más moderna, con dos efectos directos: una mayor disponibilidad de agua para las zonas referidas y una mejora en la calidad del líquido ofrecido a los consumidores.
El costo de la obra se ubica en 200 millones de dólares, lo que significa un ahorro sustancial para las arcas del Estado en relación con el proyecto originalmente previsto.
El proyecto general también incluye la construcción de la séptima línea de bombeo, una infraestructura que permitirá ampliar la capacidad de transporte de agua potable dentro del sistema metropolitano. Esta ampliación resultará clave para reforzar el abastecimiento de diversas localidades ubicadas en el eje de la ruta 8, entre ellas Barros Blancos y Pando, acompañando el crecimiento demográfico que han registrado en los últimos años.
Al mismo tiempo que se desarrollan estas obras vinculadas al sistema metropolitano, OSE avanzará en otra intervención estratégica destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable en la Costa de Oro: la construcción de un embalse y una planta potabilizadora sobre el arroyo Solís Chico. Este proyecto responde a una necesidad largamente planteada por los vecinos de la zona y busca dar solución a problemas históricos vinculados a la presión, continuidad y capacidad del servicio en varias localidades costeras.
La nueva infraestructura permitirá generar una fuente adicional de agua potable destinada específicamente a las ciudades y balnearios de Ciudad de la Costa y Costa de Oro hasta el Solís Grande, una franja costera que en las últimas décadas ha experimentado un importante crecimiento demográfico y urbanístico. Entre las localidades que se verán beneficiadas se encuentran El Pinar, Solymar, Lagomar, Shangrilá, Salinas, Atlántida, Parque del Plata, Las Toscas, La Floresta, Jaureguiberry, entre otras.
Si tomamos los números de los censos de 2011 y 2023 sobre la población de la franja costera del departamento de Canelones, se observa un incremento del 46% de residentes permanentes, pasando de 136 mil a 200 mil habitantes en el período intercensal. A estos datos debemos sumarle el crecimiento que se produce en los meses de verano e, incluso, durante los fines de semana.
La construcción del embalse y de la planta potabilizadora en el Solís Chico permitirá mejorar de forma sustancial la seguridad del abastecimiento en toda esta franja costera, resolviendo una problemática histórica vinculada al crecimiento sostenido de población y consumo de agua en la zona.
Estas intervenciones forman parte de una planificación más amplia orientada a fortalecer la seguridad hídrica del país y a diversificar las fuentes de abastecimiento de agua potable.
Este conjunto de obras se enmarca en una política de reforma estructural que refleja una decisión clara del gobierno de avanzar en inversiones que aseguren el desarrollo del país y la protección de sus recursos estratégicos. Garantizar el acceso al agua potable no es solamente una cuestión de infraestructura: es una política pública central vinculada a la salud, la calidad de vida y el desarrollo productivo.