La oposición reclama declarar la “esencialidad del puerto”, mientras que el gobierno apuesta por las negociaciones.El Puerto de Montevideo atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de conflictividad laboral de los últimos años. Lo que comenzó como un diferendo en la negociación colectiva entre la empresa concesionaria Terminal Cuenca del Plata (TCP) Katoen Natie y el Sindicato Único de Portuarios y Afines (Supra), ha escalado hasta transformarse en una crisis de alcance nacional.
El diferendo trasciende la relación entre capital y trabajo para instalarse de lleno en la agenda política y económica del país, disparando un intenso cruce de opiniones, críticas y acusaciones entre los principales referentes del sistema político en las redes sociales y los medios masivos.
La chispa de la tensión se encendió con el vencimiento del convenio colectivo de trabajo y las subsiguientes diferencias en torno a las condiciones salariales, el régimen de guardias, la distribución de turnos y las garantías de jornadas mínimas aseguradas para los trabajadores eventuales y presupuestados de la principal terminal especializada en contenedores del país.
Por un lado, el Supra fundamenta su plataforma en la defensa del poder adquisitivo, el reclamo de mejores condiciones de seguridad e higiene operativa y la exigencia de mantener cláusulas laborales que la empresa pretende revisar bajo el argumento de optimizar costos operativos. Desde el sindicato se ha acusado a la dirección de TCP de mostrar intransigencia durante las rondas de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), aduciendo que las propuestas empresariales retroceden en derechos previamente adquiridos.
Por otro lado, la compañía TCP sostiene que la modernización de las operaciones y las millonarias inversiones ejecutadas en la ampliación de la infraestructura portuaria exigen esquemas de trabajo más flexibles y eficientes que permitan competir en igualdad de condiciones con los puertos de la región. La empresa denuncia que los paros sorpresivos, las asambleas sin aviso previo y el enlentecimiento deliberado de la operatoria interfieren gravemente con los compromisos internacionales asumidos con las líneas navieras.
Las repercusiones de la interrupción sostenida y discontinua de las tareas portuarias desbordan a la propia Terminal Cuenca del Plata y golpean al corazón de la estructura productiva del país. La afectación no solo abarca a la importación de bienes de insumo y consumo, sino que impacta directamente en la logística de las exportaciones.
La escala del conflicto llevó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a tomar un rol activo de mediación. Sin embargo, ante el agotamiento de las instancias de negociación voluntaria y la intensificación de los paros nacionales resueltos por la dirigencia del Supra, el Poder Ejecutivo resolvió fijar un régimen de servicios mínimos obligatorios.
Esta medida busca garantizar la operatividad básica para productos perecederos, suministros críticos e insumos esenciales, equilibrando el derecho constitucional a la huelga con la preservación de la actividad económica general y el interés público.
Mientras tanto, en la última jornada, el Supra llevó adelante un paro de 24 horas contra los servicios mínimos en los puertos y con una agenda que incluía reunirse con el gobierno para “destrabar el conflicto”. Por su parte, TCP ya solicitó formalmente al gobierno uruguayo declarar la esencialidad de los servicios.
Reacción del arco político
En X y otras redes sociales el tema se ha convertido en el escenario central donde legisladores, ministros, líderes partidarios y referentes gremiales han fijado posición, reflejando el fuerte contraste de visiones sobre el modelo de relaciones laborales y la autoridad del Estado. Por un lado la oposición reclama la “esencialidad del puerto”, mientras que el Gobierno insiste en las negociaciones.
Uno de los que más se ha mostrado activo y crítico en las redes sociales es el exsenador y actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, quien realizó una interpelación política y técnica directa contra las medidas de fuerza resueltas en el Puerto de Montevideo, apuntando centralmente al mecanismo utilizado por el sindicato para neutralizar las decisiones del Poder Ejecutivo.
“Este paro ‘solidario’ y contra el Gobierno incluye a los trabajadores de la ANP y por tanto el cierre del único acceso de camiones, lo que paraliza todo el puerto”, expresó haciendo referencia al último comunicado del Supra. Y continuó: “Al no haber Guardia Gremial en ANP las barreras quedan bajas impidiendo el movimiento de contenedores, granos, autos, pesca, y toda carga posible, salvo Celulosa que ingresa por tren y pasajeros por Acceso Yacaré. Nuevamente se interrumpe la ‘continuidad operativa’ que consagra la ley de Puertos del ’92, se daña la competitividad, la reputación y el comercio exterior. Cuando paran los puertos, lo paga el país. Nos acercamos al punto de no retorno», posteó el nacionalista.
Otro que acompañó su postura crítica fue el senador del Partido Nacional, Javier García, quien escribió en X: “Conflicto en el puerto: no da para más. Ejercer la autoridad y declarar la esencialidad. Entre la interna del gobierno y las medidas antinacionales del sindicato, hay que defender al país. Basta del poder sindical”.
Por su parte, el dirigente y líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, escribió: “estamos en una situación muy grave. El Gobierno sigue demostrando una enorme incapacidad para ejercer su autoridad. Mandan los sindicatos. No hay reacción. La medida de servicios mínimos no es la solución y esto ha quedado en evidencia. No se animan a decretar esencialidad”.
En la vereda de enfrente, en las filas del Gobierno, tanto el presidente Yamandú Orsi, como el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, han reiterado en declaraciones públicas que defienden el diálogo tripartito y presentan los servicios mínimos como un “hito”, rechazando además haber perdido autoridad. Priorizan así la negociación sobre medidas más drásticas como la esencialidad plena, en un contexto de tensiones internas en el Frente Amplio.