Gobierno niega la emergencia apícola
La Sociedad Apícola del Uruguay denunció que la mortandad de abejas es por envenenamiento.
La apicultura uruguaya atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Así lo advirtió el presidente de la Sociedad Apícola del Uruguay, Jihmy Fiorelli, tras una reunión celebrada este martes pasado con la participación de múltiples organismos estatales, ámbitos académicos y referentes científicos, convocada en el marco de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, a instancias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
En el encuentro, estuvieron representados el Ministerio de Industria, la Dirección General de Servicios Agrícolas, la Junta Nacional de la Granja, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Facultad de Agronomía del CENUR Litoral Norte (Paysandú), la Facultad de Química, así como la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. También participaron equipos científicos nacionales que vienen investigando la mortandad masiva de abejas registrada en distintos puntos del país.
Según explicó al Diario La R el representante de los apicultores, los resultados presentados por la comunidad científica fueron contundentes: la muerte de colmenas no responde a enfermedades, virus, ácaros ni deficiencias nutricionales. Los análisis realizados en abejas, colmenas y ambiente demostraron que los ejemplares estaban en buenas condiciones sanitarias, por lo que se concluyó que la causa principal es el envenenamiento por agroquímicos.
Las investigaciones incluyeron muestreos intensivos en varios departamentos del país y el envío de muestras al exterior. En el caso de los insecticidas, los resultados obtenidos en laboratorios europeos coinciden con los análisis realizados en Uruguay. En particular, se detectaron problemas vinculados al uso de productos aplicados en cultivos como trigo y cebada. Sin embargo, los resultados correspondientes a herbicidas —que ya estarían disponibles— aún no han sido difundidos oficialmente. Desde la Sociedad Apícola se denunció que, pese a reiterados pedidos, el Ministerio de Ganadería se niega a publicar esos datos.
Esta falta de información, señalan los apicultores, impide tomar medidas preventivas urgentes, dialogar con productores agrícolas, empresas aplicadoras e ingenieros responsables de las recetas agronómicas. Mientras tanto, decenas de productores enfrentan una situación económica crítica, sin saber cómo afrontar pagos de servicios, seguros y créditos, tras perder colmenas completas y la cosecha de la temporada.
Ante este escenario, la Sociedad Apícola del Uruguay solicitó el 1º de diciembre pasado, en el ámbito de la Junta Nacional de la Granja y con el respaldo de todas las gremiales que la integran, la declaratoria de emergencia apícola. La solicitud no obtuvo respuesta. Este martes, el planteo fue reiterado ante diversas dependencias del Estado, incluido el Ministerio de Ganadería y la Comisión Honoraria, pero la respuesta volvió a ser negativa. El argumento recibido fue la falta de recursos económicos.
Existen al menos 86 apicultores que realizaron denuncias formales por mortandad de colmenas, aunque se estima que el número real es mayor, ya que muchos productores optaron por no denunciar por temor a conflictos con propietarios de los predios donde instalan sus colmenas. Uruguay pierde entre 150 y 200 apicultores por año. En el año 2000 había más de 4.100 productores; hoy quedan poco más de 2.100. La cantidad de colmenas también cayó: de unas 600.000 se pasó a menos de 580.000.
La gravedad del problema trasciende al sector apícola. Las abejas aportan entre 350 y 400 millones de dólares anuales a la economía nacional. En el plano internacional, la apicultura uruguaya cuenta con respaldo de organizaciones latinoamericanas y mundiales del sector. Hacia el final de la reunión, según Fiorelli, intervino una bióloga del Ministerio de Ambiente, quien se comprometió a colaborar y a trabajar de forma articulada para abordar el problema. Desde la Sociedad Apícola valoraron especialmente esa disposición, aunque señalaron que, hasta el momento, la respuesta general del Estado ha estado muy lejos de las expectativas y de la urgencia que la situación requiere.