Auditoría en Dinara: riesgo de que empresas pesquen sin habilitación e incumplir con acuerdos internacionales
La dirección del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ya había tenido una investigación años atrás; un nuevo informe marcó que persisten debilidades.Una auditoría marcó que continúan varias luces rojas en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
La Auditoría Interna de la Nación ya había hecho una investigación años atrás y ahora, en este nuevo informe, volvió a detectar varios riesgos de extrema criticalidad, como el “incumplimiento del país con acuerdos internacionales”, y varias debilidades, como en la gestión del cobro de tasas y multas.
La Dinara tiene como objetivo “regular y promover la utilización sustentable de los recursos pesqueros y de la acuicultura mediante una pesca responsable”, dice su sitio web. Esta dirección inició acciones después de la última auditoría -que se hizo desde 2020 hasta 2022 y se publicó en 2023- pero, según el informe que se divulgó este martes, no fueron “suficientes para mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesto el organismo” dado que “permanecen debilidades”.
Uno de los hallazgos de la Auditoría Interna de la Nación -que depende del Ministerio de Economía y Finanzas- estuvo vinculado a los trámites de permisos de pesca. Se habían encontrado varios problemas y, aunque se reconoce que ahora todos los trámites quedan ingresados a un sistema de expedientes (y que se están digitalizando los que estaban en papel), la categoría sigue con criticalidad extrema por otras debilidades que continúan.
Dentro de los riesgos a los que está expuesto el organismo están “otorgar permisos de pesca comercial industrial para explotar recursos del país a empresas que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa” y tener compañías “pescando sin contar con la habilitación debida”. También se puede “generar la conducta de la irregularidad” porque las empresas pueden utilizar “las debilidades de la administración para operar en forma irregular”.
Otro capítulo se dedicó al registro general de pesca y acuicultura, que, al igual que el anterior, tiene una criticalidad extrema. De este se destacó que se ha empezado el “proceso de diseño de un sistema integrado de información que sistematice y permita a las distintas áreas involucradas cruzar datos e información, comenzando por el área financiero contable”. Al mismo tiempo, se señaló que no se han implementado otras acciones complementarias.
Por lo tanto, continúan los mismos riesgos que antes, como la “inadecuada toma de decisiones por no contar con la información necesaria”, el “incumplimiento normativo” y “el desconocimiento de los permisarios finales”, lo que “implica una falta de transparencia que puede impactar negativamente en el adecuado aprovechamiento del uso de los recursos del país”.
Una tercera categoría se centró en los controles y el seguimiento, para el que la Dinara tomó algunas medidas pero, a entender de la Auditoría Interna de la Nación, no todas las necesarias. La oficina del MEF mantuvo el mismo grado de criticalidad -el extremo- y los mismos riesgos. Se corre el peligro de que empresas ejerzan la actividad de forma irregular aunque con los permisos vigentes, que haya un “impacto negativo en la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos” y que se dé un “incumplimiento del país con acuerdos internacionales”.
Por esto, en el informe se incluyeron tres recomendaciones. La primera es “rever el proceso de seguimiento de los permisos durante su vigencia, a fin de contar con documentación vigente y actualizada de los permisarios”. La segunda es “implementar y formalizar un sistema de registración centralizado sobre multas, que permita contar con información íntegra y oportuna, necesaria al momento del otorgamiento de los permisos”. Así como “acordar con Servicios Jurídicos de Dirección General de Secretaría la información mínima necesaria a remitir a la Dinara”. Por último, “designar un cuerpo inspectivo conforme a la normativa, a fin de cumplir con el cometido de fiscalización”.
Un cuarto hallazgo se centró en la información y comunicación de la Dinara. En este caso, el nivel de criticalidad es alto y se mantuvo incambiado desde la auditoría anterior. También continuaron, a entender de la Auditoría Interna de la Nación, los mismos riesgos, dentro de los que están el “incumplimiento normativo en lo referente a los plazos de tramitación en los diferentes trámites” y la “toma de decisiones inadecuadas”.
También se corre el peligro de que haya “falta de integridad de la información por pérdida, errores de ingreso, manipulación o duplicación de los datos”. Además, se señaló que la “falta de seguridad de la información puede determinar el uso inadecuado de los datos personales contenidos en el registro, exponiendo al organismo a demandas judiciales, impactando en la imagen institucional”.
Esta situación hizo que en el informe se recomiende “rever la participación de las distintas áreas y sus canales de comunicación, a fin de asegurar una coordinación permanente, en pos de una mejora de la gestión de los procesos y su consiguiente reducción en los tiempos”.
Por último, la oficina del MEF encontró que se realizaron acciones vinculadas a la asignación de autoridad y responsabilidad en la Dinara, donde había puesto el ojo en 2023. Sin embargo, mantuvo los mismos riesgos, que son la “no detección de irregularidades por falta y/o debilidades de controles” y el “inadecuado seguimiento de la gestión, lo que puede impactar en la toma de decisiones erróneas o a destiempo”.