La renegociación del proyecto Neptuno modificó el lugar de captación y potabilización, las obras incluidas y la distribución de responsabilidades. El cambio dejó atrás la toma prevista en el Río de la Plata, en Arazatí, y trasladó la nueva planta a Aguas Corrientes, sobre el sistema del río Santa Lucía. La decisión respondió a reparos técnicos y económicos de OSE, pero también recibió objeciones del Tribunal de Cuentas y no elimina la necesidad de comparar el costo de inversión con los pagos del contrato a largo plazo.

De una iniciativa privada a un contrato firmado

El proyecto Neptuno fue presentado como una iniciativa privada para reforzar el abastecimiento del área metropolitana. Tras los estudios de factibilidad y un llamado internacional, OSE adjudicó en agosto de 2023 el Proyecto Arazatí al consorcio Aguas de Montevideo. El contrato se firmó el 23 de enero de 2025, durante la administración anterior, y comprometía al contratista a financiar, diseñar, construir y mantener las obras.

El diseño original contemplaba captar agua del Río de la Plata en Arazatí, San José, y potabilizar hasta 200.000 metros cúbicos diarios. Incluía una reserva de agua bruta para episodios de salinidad, una toma y estaciones de bombeo, una planta potabilizadora y conducciones hacia el sistema metropolitano. → Presidencia informó sobre la firma del contrato en enero de 2025.

La revisión técnica y la suspensión

Con el cambio de gobierno, OSE revisó el diseño y sus condiciones de operación. En los documentos técnicos recogidos en la memoria oficial del Ministerio de Ambiente se señalaron dificultades vinculadas con la salinidad y los bromuros del agua, la posible presencia de cianobacterias, la complejidad operativa del sistema y las obras adicionales que OSE debía realizar para conectarlo a la red metropolitana. Son reparos formulados por los equipos técnicos de la administración; no equivalen, por sí solos, a una evaluación independiente de todos los aspectos del proyecto.

El 24 de abril de 2025, OSE y el consorcio acordaron suspender por 90 días los plazos contractuales para abrir una instancia de revisión y negociación. La suspensión fue prorrogada mientras se estudiaban alternativas. → El acuerdo inicial de suspensión fue comunicado por Presidencia. La memoria anual del Ministerio de Ambiente resume los reparos técnicos y el proceso de renegociación.

Qué cambió en el rediseño

En diciembre de 2025, el Gobierno anunció el cierre de las negociaciones con el consorcio y presentó un paquete de obras rediseñado. La modificación del contrato se suscribió formalmente el 5 de marzo de 2026. La nueva planta se ubicará junto a las instalaciones de OSE en Aguas Corrientes y tomará agua del río Santa Lucía. El plan incluye el tratamiento de lodos, una subestación eléctrica, la Séptima Línea de Bombeo y trabajos asociados al sistema metropolitano. → OSE detalló las obras previstas tras la firma de la modificación contractual.

La renegociación no consistió en rescindir el contrato y empezar de cero: mantuvo al consorcio adjudicatario, pero cambió partes centrales del diseño y del alcance. El Gobierno informó que el monto de inversión de las obras pasó de US$ 294 millones a US$ 212,6 millones. Esa cifra corresponde a la inversión prevista en las obras; no debe confundirse con el costo total de los pagos a lo largo del contrato.

La diferencia financiera importa. En el contrato original, el Tribunal de Cuentas registró un crédito de 5.377 millones de unidades indexadas más IVA para 17,5 años, calculado a partir de un pago anual por disponibilidad. Para el acuerdo renegociado, autoridades informaron un costo anual cercano a US$ 40 millones durante 17,5 años. Estas cifras describen compromisos de largo plazo y no son directamente intercambiables con el monto de inversión: para comparar el costo público total hay que considerar el mecanismo de pagos, la indexación, el mantenimiento y los términos precisos del contrato modificado. → El País recogió las estimaciones oficiales presentadas sobre los pagos del acuerdo renegociado.

El reparo del Tribunal de Cuentas

El 19 de febrero de 2026, el Tribunal de Cuentas observó la modificación por cuatro votos contra tres. La mayoría entendió que trasladar la captación del Río de la Plata al Santa Lucía, retirar componentes del plan original y cambiar responsabilidades de gestión y mantenimiento alteraba sustancialmente el objeto licitado y podía afectar la igualdad entre potenciales oferentes. Es un reparo de control sobre el procedimiento y el alcance contractual; no equivale a una conclusión de que la nueva solución sea técnicamente inconveniente.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, sostuvo que la observación no cuestionaba los fundamentos de interés público ni la conveniencia técnica y económica del rediseño. OSE resolvió reiterar el gasto y continuar el proceso. La diferencia entre la posición del Tribunal y la del organismo ejecutor debe permanecer visible en cualquier balance del proyecto. → El País informó sobre la observación, sus fundamentos y la respuesta de OSE.

La relación con Casupá y el estado actual

El cambio de Arazatí a Aguas Corrientes prioriza ampliar la capacidad de un sistema que ya opera sobre el Santa Lucía. Esto evita presentar el rediseño como una nueva fuente geográficamente independiente: su desempeño seguirá vinculado a esa cuenca. En ese esquema, Casupá cumple otra función, al aumentar las reservas de agua bruta disponibles para el sistema. La planta potabiliza; la represa almacena. La complementariedad entre ambas obras es central para valorar la decisión.

El Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental previa para la nueva planta en agosto de 2026. El 30 de setiembre se colocó la piedra fundamental. Según la información oficial, el inicio de las obras principales está previsto para fines de 2026. La ceremonia marca un avance institucional, pero no significa que la planta ya esté construida ni operativa. → El Ministerio de Ambiente informó sobre la colocación de la piedra fundamental y el cronograma previsto.

Fuentes principales

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