Gobierno mantiene diálogo "fluido" con España y no ha recibido reclamos o preocupación tras denuncia a Cardama
El Poder Ejecutivo se encuentra en un período de evaluación y análisis de los pasos a dar en este caso; la denuncia presentada en Fiscalía el viernes pasado buscan que se mantenga en reserva.El gobierno de Yamandú Orsi se encuentra en pleno análisis y evaluación sobre los pasos a recorrer con el astillero Cardama, firma contra la que la semana pasada se anunció la rescisión del contrato —por el que se esperaba adquirir dos patrulleras oceánicas por unos € 82 millones— y el inicio de acciones legales contra la firma, dentro y fuera de fronteras.
La decisión sobre el contrato contraído en diciembre de 2023 por la entonces administración de Luis Lacalle Pou fue la de terminarlo —"denunciarlo", ha sido una expresión usada por el gobierno—, en particular luego de constatar que la garantía presentada por Cardama —y expedida por la "empresa de papel" Eurocommerce Limited, como le ha llamado reiteradas veces el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz— tenía varias irregularidades, como no estar apostillada "ni contar con certificación de firma”, ni tener debidamente acreditada “la representación del firmante”, tal como había advertido un informe jurídico de Delpiazzo en noviembre de 2024, solicitado por el Poder Ejecutivo de aquel momento.
Todo esto llevó al gobierno del Frente Amplio a entender que había indicios más que suficientes de "estafa o fraude" y a presentar en consecuencia una denuncia penal, cosa que ocurrió el viernes 24, cuando el prosecretario Díaz y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, fueron recibidos por la fiscal general, Mónica Ferrero, quien les tomó en sus mano el escrito.
El caso —que en una primera instancia había sido asignado a la fiscal Sandra Fleitas y luego, tras excusarse, fue derivado al fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado— todavía no ha tenido movimiento en el Ministerio Público, y el contenido de la denuncia se maneja con hermetismo por parte del gobierno, ya que se tomó la decisión de no dar difusión a sus detalles.
La recomendación inicial de España y su posterior silencio
Uno de los argumentos con los que la oposición —especialmente el Partido Nacional— buscó pasar al ataque luego del sorpresivo anunció de Orsi en conferencia de prensa el miércoles 22 fue comunicar no solo el respaldo de lo actuado por los exministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat en el proceso de la compra de los barcos —y la eventual consecuencia que puede tener la decisión de Orsi de exponerse a un arbitraje internacional—, sino defender a Cardama como una empresa que no es advenediza en el rubro.
El propio Lacalle Pou, tras participar de la reunión del directorio nacionalista este lunes —en el que se abordó exclusivamente este tema— habló de una firma que tiene "110 años" y que alcanzaba con "entrar a la página web" del astillero para interiorizarse de sus antecedentes.
"Si faltara poco, la propia embajada del gobierno español, la recomienda", dijo el expresidente nacionalista, en referencia a una carta que el entonces embajador de España, Santiago Jiménez Martín, envió el 13 de junio de 2023 a quien era en ese momento subsecretario de Defensa, el cabildante Rivera Elgue.
"De acuerdo a la información que obra en nuestro poder, la empresa mencionada es un astillero español civil fiable y conocido, que con anterioridad ya ha trabajado en el Ministerio de Defensa de España y el Ministerio del Interior", afirmaba el diplomático en la misiva, que era en respuesta a una consulta formulada por el gobierno uruguayo el 5 de junio de aquel año, cuando Cardama se encontraba entre las "posibles (empresas) seleccionadas" para concretar la compra del armamento.
La carta también señalaba que "el gobierno de España —de acuerdo con el gobierno de la R.O. del Uruguay y demás partes interesadas— se compromete a hacer seguimiento de esta operación y prestar su apoyo para el buen fin de la misma dentro del ámbito y los límites de sus competencias".
Ahora bien, la decisión de Uruguay de ir hasta "las últimas consecuencias" contra Cardama no generó ninguna advertencia o señal de "preocupación" que proviniera del gobierno de Pedro Sánchez —con quien Orsi compartió un retiro de presidentes progresistas en Chile a mediados de julio, y a quien el uruguayo recibió luego en Montevideo.
De hecho, desde la Cancillería que dirige Mario Lubetkin mantienen el mismo "diálogo fluido" con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que han tenido desde un inicio, dijo a El País una fuente diplomático, que precisó: "Un gobierno, cualquiera sea, que percibe que se cometió alguno injusto" contra un elemento de su país "lo que hace es protestar". "Y no hemos recibido nada".
Por eso, en el gobierno valoran que el intercambio tanto formal como "informal" con los españoles no se haya alterado en lo más mínimo en los últimos 10 días.