Dos expresidentes de Ancap sacaron a luz problemas de las estatales, que "la realidad se puede llevar puestas"
Marta Jara, Alejandro Stipanicic y Javier de Haedo compartieron reflexiones sobre los problemas del funcionamiento de los organismos del Estado, sus desvíos políticos, y cómo es difícil cambiar.
En medio de la polémica por los números de Ancap, la comparecencia de la ministra de Industria, Energía y Minas, Fernanda Cardona, al Parlamento y las distintas visiones sobre el último balance de ese ente, dos expresidentes de la petrolera estatal describieron los problemas que enfrentaron e incluso la "soledad" ante decisiones drásticas que se deben tomar para mejorar la situación.
El evento “Reflexiones para una mejor gobernanza de las empresas estatales”, organizada por el Círculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones (CUGO), contó con presentaciones de los expresidentes de Ancap, Alejandro Stipanicic y Marta Jara, y del economista y exvicepresidente del Banco Central (BCU) Javier de Haedo, en la sede de la Facultad de Ciencias Economícas, de la Universidad de la República (UdelaR).
Los tres no hicieron alusión directa a la polémica por el balance de Ancap de esta última semana y consultado al respecto por El País, Stipanicic afirmó que “ese es un caso político”. Aunque también reconoció que existe un problema de gobernanza por detrás, insistió: “no es el tema de este encuentro, lo de Ancap es político”. De Haedo fue por la misma línea.
Por su parte, Jara mencionó un par de veces a lo largo de su presentación lo “sola” que se había sentido durante su presidencia en Ancap en la “cruzada del portland” que realizó —así la llamó—, al buscar una solución a esa división de Ancap que pierde dinero desde 1999 y ninguno de los gobierno ha podido (o querido) cerrar.
El moderador del evento, Julio Porteiro, (que fue presidente del Banco Comercial y del Banco República), apuntó que aún no se conocen muchas designaciones de directores de empresas públicas. “¿Por qué no se sabe quiénes son los candidatos?", se preguntó. “Parece que hay que esperar que terminen las elecciones municipales”, se respondió aludiendo al tinte político de las designaciones.
“En las elecciones departamentales se van a revelar las condiciones personales, funcionales y técnicas de algunos candidatos que no están siendo tomados en cuenta”, ironizó.
Lo cierto es que el evento fue una suerte de enumeración de los “males” a nivel de gobernanza enquistados en las empresas públicas como UTE, OSE, Antel, entre otras, y en las dificultades para “ponerle el cascabel al gato” por los intereses que hay en juego, o para no contrariar al poder y mantenerse a salvo.
Influencia de los partidos políticos en las empresas estatales
De Haedo comenzó su exposición hablando de los “carnavales electorales” de gasto en el último año de gobierno que, según su opinión, están “inmunizados a las reglas fiscales”; y de los “premios consuelo” que suelen ocurrir en los nombramientos de directores de las empresas públicas.
“Los partidos políticos usan los cargos de determinadas personas para financiarse”, afirmó. Una realidad conocida por todos, pero no por ello menos alejada del “deber ser” según defensores de los perfiles profesionales y técnicos de los candidatos a los cargos.
De hecho, los ponentes —en especial Stipanicic— hicieron referencia a la “normalización” en la sociedad, de comportamientos y hechos que atentan contra la buena gobernanza en el sector público.
Otros asuntos que mencionó De Haedo fueron: los candidatos que no aceptan cargos en la administración pública porque los sueldos no son competitivos con la actividad privada; las oportunidades perdidas por no salir de determinados parámetros conocidos; los incentivos no adecuadamente diseñados en este sector. Y puso especial énfasis en el tema de la propiedad, al analizar que en las empresas públicas aparece desdibujado quiénes son sus dueños; un tema que también retomó Stipanicic, en su turno para hablar.
"Stockholders ’ (accionistas) es un concepto claro en el sector privado, pero no tanto en el sector público”, remató de Haedo.
“Ancap no puede ser una agencia de desarrollo”, dijo también al referirse sobre todo a los subsidios, aclarando que este tema debería ser exclusivo de políticas públicas, sin cargar con ese tipo de decisiones a Ancap.
“Hay cosas que deberían ir al gobierno central y no cargar con esa moclicha a Ancap. También las empresas públicas serían así más transparentes”, afirmó.
Apuntó que los resultados de las empresas públicas no son transparentes o explicitos en sus presentaciones y que se deberían detallar en especial los retornos de inversión, entre otros números.
Una de las propuestas que destacó de Haedo para mejorar el funcionamiento de la administración pública fue desfasar las designaciones de los períodos de gobierno, tal como lo hacen, por ejemplo, República AFAP y el Consejo Fiscal Asesor.
Contra la ambigüedad
Jara consideró que las empresas públicas —comenzando por Ancap, donde trabajó—, a diferencia de las empresas privadas, tienen múltiples objetivos, y que no en esa amplitud, pero sobre todo en la ambigüedad en las metas, radica la dificultad.
Asimismo mencionó la ambigüedad con que se manejan en el sector. “La oposición criticaba (el manejo del portland) y al mismo tiempo decía que no había que levantar polvo”, rememoró de su período en Ancap.
“La falta de transparencia implica que quedamos (los directores y funcionarios) rehenes de una situación, con una priorización de objetivos de facto”, denunció sobre el desempeño en las empresas públicas, incluyéndose.
A su entender, hay monopolios que justifican su existencia, como el de transimisión y distribución del sistema eléctrico (“para evitar duplicaciones”, dijo), pero que tienen que estar regulados ante la ausencia de competencia en el mercado. "Pero el regulador en este país -la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)- no tiene ni los conocimientos ni los recursos para actuar del lado del consumidor. Es un regulador débil”, acusó.
“El rol de Ursea sigue siendo testimonial”, dijo Jara, fundamentando que, a su entender, la fijación de precios de los combustibles es “discrecional”.
“La discusión de los resultados (económicos) carece de sentido cuando los precios los fija el gobierno”, agregó.
Asimismo, Jara apuntó a que hay inversiones que debería realizar Ancap, que están en carpeta y que el regulador no lo marca, como ser mejoras o mayor mantenimiento del muelle del Paysandú o la boya petrolera, ejemplificó.
Jara consideró que los oligopolios son más difíciles de controlar aún que los monopolios; que las ineficiencias de las empresas públicas tienen que ver en gran parte con la falta de independencia del poder político; que hay subsidios “que no se transparentan”.
“En lo personal, hice mi cruzada de tratar de resolver el portland y me sentí muy, muy sola. Traté de evitar inversiones a las que no encontraba una justificación económica, que no iban a ser nunca recuperadas. Y traté también de evitar una gran tanda de ingresos (de personal), que era para reponer gente que se iba a jubilar. Dejé una constancia en acta, que nadie acompañó, diciendo que esa gente se hacía efectiva y que eso era una barrera más que nos estábamos dejando imponer. Pero esa gente, un par de meses más tarde, se efectivizó”, contó.
La ingeniera denunció que el sistema no incentiva adecuadamente y que “protege a buenos y malos en sus cargos”, atentando además contra la agilidad; habló de los privilegios (compensaciones especiales); de las asimetrías en la información que se maneja; de la desconexión entre perfiles políticos y técnicos; y de problemas de diseño institucional difíciles de cambiar por estar consagrados en la Constitución o por falta de voluntad política.
Cargos “por reparto”
Stipanicic hizo una descripción pormenorizada del sistema público en lo que tiene que ver con su funcionamiento, comenzando por elección de directores “por reparto”, que criticó.
“Los sistemas de remuneración de representantes políticos y funcionarios no son profesionales, no son competitivos, no son desafiantes en la administración pública”, prosiguió. Y a los sistemas de control, los adjetivó de “caros y engorrosos”, al tiempo que la rendición de cuentas la ve “diversa, dispersa y duplicada”.
“Si Ancap y UTE no toman decisiones ahora, en unos años la realidad se los llevará puestos”, dijo en determinado momento en relación a las mejoras que se requieren, las que podrían incluir la fusión de empresas públicas entre sí.
“La renta que dé el monopolio, no la debería tocar el Estado”, lanzó en su presentación. Asimismo, habló de redefinir la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para que no se generen sobrecontroles ni burocracias en las tomas de decisiones.
El ingeniero es partidario de “consensos explícitos” sobre los negocios no rentables, los cuales a su entender deberían discutirse en instancias de gobierno. “No en Ancap, porque en Ancap distrae”, fundamentó.
Stipanicic fue más lejos al considerar lo que llamó las “patologías” del sistema, con un gobierno corporativo "pobre y limitado", además de centrado en el “cortoplacismo en forma y en esencia”. En esa línea, se refirió al exceso de politización que caracteriza a las empresas públicas.
Finalmente, entre sus propuestas, resalta discutir más sobre posibles procesos de coordinación o fusión de empresas públicas, a partir de órganos de gobierno compartidos. Por ejemplo, analizar la posible fusión o coordinación de Ancap y UTE; del Banco República (BROU) con el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el Banco Hipotecario (BHU), entre otros.
Entre los asistentes en el evento, estaban autoridades de Antel, Ancap, del BROU y otras entidades estatales, además de estudiantes y egresados de la Udelar.