Conflicto en pesqueras acumula US$ 15 millones de pérdidas; convocarán a Juan Castillo al Parlamento
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo recibieron en Torre Ejecutiva al representante de la gremial empresarial Juan Riva-Zucchelli.El Partido Colorado convocará el próximo miércoles al Parlamento al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, por el duro conflicto que se vive hace semanas en el rubro de la pesca que tiene a sus principales flotas paradas durante plena zafra.
Luego de recibir en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) al presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, el senador Robert Silva decidió llamar a la comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social al jerarca para conocer qué acciones está tomando la cartera en esta disputa entre el sindicato y las dos cámaras empresariales (la CIPU y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay).
Riva-Zucchelli concurrió en la tarde de este lunes al piso 11 de la Torre Ejecutiva para mantener un encuentro con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y Castillo, con el objetivo de poner en conocimiento de los jerarcas la situación del conflicto.
La semana pasada, autoridades del Ministerio de Trabajo que han participado de las negociaciones dijeron a El País que la “situación estaba muy complicada” y las posiciones entre las partes “eran muy distantes”.
El reclamo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) se resume en el pedido de que se sume un nuevo tripulante a cada embarcación que pueda hacer guardias, “como medida mínima para atender el derecho al descanso y la seguridad de las tripulaciones”.
En concreto, la demanda por parte de los trabajadores organizados radica en que se contrate a un marinero extra para que cubra las guardias en cubierta cuando el capitán está descansando.
En el encuentro que tuvo lugar este lunes, desde el gobierno se transmitió a los empresarios la posibilidad de que ese marinero extra pueda ser un estudiante de UTU o de la Escuela Naval, con experiencia y conocimiento del mar.
Sin embargo, esta opción no es bien vista por los propietarios de los barcos. Para la gremial, esa posibilidad de todas formas significa un mayor costo económico, además de que no todos las embarcaciones cuentan con una balsa o una plaza más para dormir.
Según se informó desde CIPU, por el conflicto en marcha hay más de 2.000 trabajadores parados y la no salida de barcos pesqueros impacta a su vez en el funcionamiento de las plantas, que sin pescados para procesar están sin operar. En ese tramo de la cadena productiva de la pesca la mayoría (entre 70% y 75%) son trabajadoras mujeres jefas de hogar, indicaron.
Desde las gremiales empresariales estiman que lo que se va perdiendo por este conflicto, que lleva casi un mes, ronda entre los US$ 10 y US$ 15 millones.
La diferencia de interpretación sobre la última ronda de Consejos de Salarios entre los gremios empresariales y el sindicato se debe a la falta de concreción de un único convenio tripartito en el sector. Aunque se lograron acuerdos bipartitos entre las diferentes empresas y Suntma, no se incluyó en lo convenido a las dos gremiales empresariales del rubro pesquero.
Al momento, son más de 30 las embarcaciones que se encuentran paradas, sin trabajar.
Gremiales y sindicato
En un comunicado, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) expresó el 23 de junio que el caso de la pesca “es flagrante”, ya que existe en el sector un convenio vigente hasta abril de 2027.
“El sindicato lo incumple con el aval de la central sindical. Para el sector empresarial es una señal muy grave que atenta contra la institucionalidad de las relaciones laborales de nuestro país”, se añadió en la misiva.
En respuesta, el Pit-Cnt calificó las acusaciones de la CCE contra el movimiento sindical de “infundadas” e “irresponsables”.
Para la gremial sindical, no existe una declaración de conflicto dado que no hay medidas “específicas y concretas de paralización del trabajo”.
El colectivo de trabajadores aseguró que no hay incumplimiento porque no se firmó “ningún convenio en los Consejos de Salarios del sector”.
“Esta situación, aún vigente, aconteció por la intransigencia patronal y por la esterilidad de las acciones de las autoridades del momento para levantar el lockout patronal del 2024, que dejó a cientos de familias sin sus ingresos durante ocho meses”, acusó el Pit-Cnt.