En esta tercera parte de la serie sobre las observaciones de Ramón Méndez al proyecto HIF en Paysandú, el foco pasa al punto que puede definir su viabilidad económica: el precio de la energía. El exdirector nacional de Energía sostiene que una tarifa demasiado baja trasladaría al Estado parte del riesgo del negocio; sin embargo, no existe hasta ahora información pública suficiente para afirmar que Uruguay haya aceptado un contrato definitivo en esas condiciones.
Méndez volvió sobre el tema en entrevistas y declaraciones difundidas durante septiembre. Su cuestionamiento no es al hidrógeno verde como tecnología ni a la conveniencia de que Uruguay atraiga inversiones industriales. El punto que plantea es otro: si un proyecto de gran escala necesita comprar energía por debajo del costo que implica producirla, respaldarla y transportarla, la diferencia debe ser absorbida por alguien.
En su formulación más directa, Méndez sostuvo que un precio en el entorno de US$ 45 por megavatio-hora podría quedar muy por debajo del costo que atribuye a UTE para abastecer ese suministro y generar, según su estimación, un apoyo económico acumulado cercano a US$ 1.000 millones durante un contrato de largo plazo.
Esa cifra debe presentarse correctamente: no es un monto reconocido oficialmente por UTE, el MIEM o el Poder Ejecutivo, sino una estimación del exjerarca basada en las condiciones que, según información periodística, vienen discutiéndose entre la empresa y el Estado.
La electricidad no es un costo secundario para HIF
La producción de e-combustibles requiere grandes cantidades de electricidad. HIF proyecta utilizar hidrógeno obtenido mediante electrólisis y combinarlo con dióxido de carbono para producir e-metanol. La compañía informa una capacidad prevista de electrólisis de aproximadamente 1,1 GW para el proyecto completo.
Eso convierte al costo de la electricidad en una de las variables económicas más importantes del emprendimiento. Una diferencia relativamente pequeña por megavatio-hora, multiplicada por un consumo industrial de esta magnitud y por muchos años de operación, puede modificar sustancialmente la rentabilidad final.
Este es uno de los motivos por los que el precio de la energía aparece reiteradamente en las negociaciones entre HIF y el Estado uruguayo. El Observador informó durante 2026 que la empresa pretendía un valor cercano a US$ 40/MWh, mientras el Estado procuraba una cifra superior. Meses después, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez afirmó públicamente que HIF y UTE habían alcanzado una fórmula de acuerdo, aunque la empresa evitó comentar entonces los detalles y no se conoció públicamente el contrato definitivo.
Qué significa realmente hablar de subsidio
En términos económicos, una tarifa baja no constituye automáticamente un subsidio. Para determinarlo es necesario conocer el costo real que tendría para UTE abastecer al proyecto y compararlo con los ingresos que recibiría.
Ese costo no es solamente el precio instantáneo de la energía. Puede incluir generación adicional, respaldo cuando no hay suficiente viento o sol, potencia firme, transmisión, ampliaciones de red, operación, mantenimiento y riesgos asociados a un contrato de muy largo plazo.
Si el precio final pagado por HIF cubriera esos costos y además generara un retorno razonable para el sistema eléctrico, no correspondería hablar de subsidio aunque la cifra fuera menor que una tarifa minorista común. Si, en cambio, UTE tuviera que asumir costos superiores a los ingresos obtenidos y esa diferencia no fuera compensada por otros beneficios verificables, existiría efectivamente una transferencia económica hacia el proyecto.
Por eso, la discusión no puede resolverse comparando de forma directa US$ 40 o US$ 45/MWh con la tarifa que paga un hogar, una pequeña empresa o incluso un gran consumidor industrial convencional.
Las tarifas públicas de UTE muestran que el cálculo es más complejo
UTE publica para 2026 tarifas diferenciadas para grandes consumidores según nivel de tensión y franja horaria. En la categoría GC5, correspondiente a suministros conectados en alta tensión, el componente de energía varía según horario y se suman cargos por potencia, eventuales excedentes, reactiva y otras condiciones comerciales.
Un proyecto como HIF, por escala y duración, no necesariamente se regiría por la misma estructura que un consumidor industrial convencional. Un contrato específico puede diseñarse teniendo en cuenta perfil de consumo, disponibilidad, capacidad propia de generación, servicios de respaldo y obras requeridas.
En consecuencia, la referencia correcta para evaluar la conveniencia del acuerdo no es la tarifa pública aislada, sino el costo incremental que el proyecto genere para el sistema y las obligaciones que asuma cada parte.
HIF también proyecta generar su propia energía
Otro elemento que debe incorporarse al análisis es que HIF no presenta su proyecto como una planta que dependa exclusivamente de comprar electricidad a UTE. La propuesta incluye el parque solar Lucía, con hasta 1.162 MWp, y el parque eólico Elena, con una potencia instalada proyectada de 1.137,6 MW.
La propia empresa señala que esa generación renovable estará vinculada a la planta de e-combustibles. Por lo tanto, una parte central de la discusión con UTE probablemente no sea simplemente cuánta energía comprará HIF, sino cómo se integra un consumidor y generador de esta escala al sistema nacional y quién asume el costo de garantizar suministro cuando su producción renovable propia no coincida con la demanda de la planta.
Este concepto de potencia firme es relevante. Un electrolizador puede ajustar su operación en determinados momentos, pero un complejo industrial de varios miles de millones de dólares necesita un nivel de previsibilidad que no depende solamente de que exista viento o sol.
El exvicepresidente de UTE Pablo Ferrari planteó públicamente una preocupación similar. Según afirmó, durante las negociaciones de la administración anterior HIF pretendía condiciones que, en su estimación, implicaban unos US$ 60 millones anuales de apoyo económico y además inversiones y costos asociados al respaldo de potencia. Nuevamente, se trata de una estimación del exjerarca y no de un balance oficial publicado por UTE.
Una gran inversión puede justificar incentivos, pero deben medirse
La discusión de fondo no es si Uruguay debe o no ofrecer incentivos para atraer una inversión. Los Estados utilizan habitualmente exoneraciones fiscales, infraestructura, regímenes promocionales o condiciones especiales cuando consideran que un proyecto generará beneficios económicos superiores al costo del apoyo otorgado.
HIF plantea una inversión total cercana a US$ 5.385 millones, una producción de hasta 876.000 toneladas anuales de e-metanol y alrededor de 300 empleos directos permanentes cuando el proyecto completo esté operativo. El memorando firmado con el Gobierno en diciembre de 2025 también proyectó exportaciones superiores a US$ 1.000 millones anuales una vez instalados los cuatro módulos.
Esos beneficios potenciales son relevantes. Pero precisamente por la magnitud del proyecto también lo son las eventuales contrapartidas públicas. Para evaluar el acuerdo habría que conocer, entre otros elementos, cuánto invierte efectivamente la empresa, cuánto recauda el Estado, qué infraestructura queda para el país, cuánto empleo y actividad local se genera, qué obligaciones asume UTE y cuál es la duración de los compromisos.
Méndez plantea que un subsidio puede justificarse cuando ayuda a crear una capacidad industrial que luego permanece en la economía nacional y genera conocimiento, proveedores o tecnología. Su cuestionamiento al caso HIF es que, según su interpretación, gran parte de la tecnología central sería importada y el derrame industrial local podría no compensar el costo de la energía subsidiada.
Esa afirmación constituye una valoración que debe ser contrastada con el diseño definitivo del proyecto y con las condiciones que finalmente negocie el Estado. Hoy no existe un acuerdo público completo que permita cerrar esa discusión.
El memorando de 2025 no fue la decisión final de inversión
El Gobierno y HIF firmaron en diciembre de 2025 un memorando de entendimiento que estableció una hoja de ruta técnica e institucional hacia la decisión final de inversión. Ese documento confirmó la voluntad de avanzar, pero no equivale a que todos los contratos comerciales, tarifarios, ambientales y financieros estén cerrados.
La propia HIF continúa describiendo el proyecto como una iniciativa que debe completar permisos, ingeniería, acuerdos de suministro y compromisos comerciales. El proyecto también prevé desarrollarse por etapas, mediante cuatro trenes de producción.
Esto ayuda a ubicar correctamente el debate: la discusión sobre el precio de la energía no ocurre después de una inversión ya decidida, sino dentro de la fase en la que empresa y Estado determinan si las condiciones económicas permiten llegar a una decisión final.
Qué información falta para evaluar el acuerdo
Para determinar con precisión si la futura relación entre UTE y HIF constituye una oportunidad comercial para la empresa pública o una transferencia económica hacia el proyecto, sería necesario conocer al menos cinco componentes que hoy no están disponibles de forma integral en la información pública.
Primero, el precio efectivo que pagaría HIF y su mecanismo de actualización. Segundo, el volumen y perfil horario de la energía que tomaría de la red. Tercero, qué inversiones adicionales deberá realizar UTE. Cuarto, qué responsabilidad tendrá cada parte sobre potencia firme, respaldo y ampliaciones de transmisión. Y quinto, la duración del contrato y la distribución de riesgos si el proyecto modifica su producción o no alcanza las escalas previstas.
Sin esos datos, cualquier cifra de subsidio debe tratarse como una estimación y no como un hecho comprobado.
La advertencia de Méndez apunta a una pregunta más amplia
La importancia de esta tercera parte de la entrevista no está solamente en discutir si el precio correcto son US$ 40, US$ 45 o alguna cifra diferente. La pregunta más importante es qué condiciones debe aceptar Uruguay para atraer una industria nueva y cuándo esas condiciones dejan de ser promoción para convertirse en una transferencia excesiva de riesgo hacia el Estado.
ICI Forestal considera que una inversión industrial de esta magnitud merece ser analizada con una perspectiva favorable al desarrollo, la innovación y la incorporación de nuevas cadenas productivas. Pero esa misma visión exige conocer los costos y las contrapartidas. Una buena política industrial no consiste simplemente en ofrecer la energía más barata posible, sino en construir un acuerdo en el que el beneficio general para el país sea superior al apoyo concedido.
La posición de Méndez incorpora una advertencia que merece atención, pero no resuelve por sí sola el debate. La conclusión dependerá de números que todavía no son públicos: el contrato energético, las inversiones exigidas a UTE, el esquema de respaldo y los compromisos efectivos de HIF.
Hasta entonces, puede afirmarse que el precio de la energía es uno de los puntos críticos del proyecto. No puede afirmarse, en cambio, que Uruguay ya haya aceptado subsidiarlo en US$ 1.000 millones.
Fuentes principales
Uypress. (2026, 15 de septiembre). Ramón Méndez: “¿Vamos a subsidiar mil millones de dólares” para vender energía barata a HIF Global durante dos décadas?.
Búsqueda. (2026). Exjerarcas plantean dudas sobre la conveniencia para Uruguay de la inversión de HIF.
El Observador. (2026). Gobierno prorrogó el plazo para acordar con HIF Global el precio de la energía que le suministrará UTE.
El Telégrafo. (2026, 10 de julio). Sánchez dijo que HIF y UTE acordaron; empresa se mantiene “sin comentarios”.
Presidencia de la República Oriental del Uruguay. (2025, 18 de diciembre). Gobierno y empresa HIF firmaron memorando de entendimiento para instalación de planta de hidrógeno verde en Paysandú.
HIF Global. (2026). HIF Paysandú.
UTE. (2026). Tarifas para grandes consumidores.
ICI Forestal – Tercera parte de la serie sobre las observaciones de Ramón Méndez al proyecto HIF Paysandú. Elaboración propia a partir de entrevistas, información empresarial y fuentes oficiales. 17 de septiembre de 2026.