La condena de Pablo Leiva por lavado de activos y tráfico interno de municiones, y la atención fiscal sobre operaciones que realizaba en un local de cobranzas vinculado a la familia de Jorge Gandini, plantean una cuestión institucional para la → Administración Nacional de Puertos (ANP). Sin atribuir responsabilidades que la Justicia aún no ha determinado, una separación temporal de Gandini del directorio sería una medida prudente mientras se esclarecen las derivaciones del caso.
La investigación conocida como Operación Trazador terminó con condenas por lavado de activos y otros delitos. Según informó la prensa, la Fiscalía sostuvo que Leiva recibía dinero con conocimiento de su origen ilícito para introducirlo en el sistema financiero. Parte de la investigación se extendió a las operaciones que realizaba en un local de cobranzas propiedad de la esposa de Gandini. El dirigente nacionalista negó conocer actividades ilegales y afirmó que Leiva concurría como cliente para pagar facturas.
La Fiscalía debe resolver si abre una investigación específica sobre el local. Hasta ahora, la información difundida no establece que Gandini o su esposa hayan sido imputados por esos hechos. El dirigente dijo estar a disposición de las autoridades y solicitó acceder a la carpeta fiscal.
Un antecedente que exige especial cuidado
La discusión ocurre en un puerto que ya ha aparecido en investigaciones por cargamentos de cocaína de gran escala. En noviembre de 2019, la → Dirección Nacional de Aduanas informó la incautación de más de tres toneladas en un contenedor en tránsito por Montevideo. Un mes después, las autoridades comunicaron el decomiso de 4.417 kilos en el puerto. Estos antecedentes no prueban una conexión con la Operación Trazador, pero muestran por qué la integridad y la credibilidad de la conducción portuaria son asuntos de interés público.
El presidente del → Frente Amplio, Fernando Pereira, pidió cautela y sostuvo que no corresponde apresurarse a acusar a nadie. También señaló que el edil Gonzalo Gómez debe explicar el vínculo laboral con Leiva y planteó la necesidad de proteger a los partidos frente al eventual ingreso de fondos del crimen organizado. El Sindicato Único de Trabajadores Portuarios, por su parte, reclamó que Gandini dé un paso al costado mientras avanzan las investigaciones.
El presidente Yamandú Orsi recordó la presunción de inocencia y pidió que se investigue con exhaustividad. En las declaraciones difundidas no solicitó el alejamiento de Gandini. La propuesta de una separación temporal es, por tanto, una valoración editorial: no implica una condena anticipada, sino una medida preventiva para proteger la institución mientras se aclaran los hechos.
En un organismo que administra infraestructura estratégica para el país, se debe ser y parecer. Resulta inconveniente que su representante por la oposición no dé por iniciativa propia un paso al costado, al menos temporalmente. Sería aún más preocupante que el presidente de la República tuviera que solicitarle ese gesto para resguardar la confianza pública en la ANP.
Fuentes principales
ICI Forestal – Elaboración propia con fuentes oficiales y periodísticas. 28 de septiembre de 2026.
